La llegada de los fondos europeos ha puesto de manifiesto, además de carencias estructurales de nuestras plantillas, organizadas bajo parámetros de administraciones fuertemente burocratizadas, que no son capaces de gestionar los nuevos proyectos, que es necesario hacer un esfuerzo para conseguir que la aplicación de los ingresos que llegan de Europa se realice bajo los principios de la buena gestión.
No sólo debe tenerse en cuenta que gestionamos para las generaciones futuras, como pone de manifiesto Francisco Sosa Wagner, recordando el contenido del artículo 3 del Tratado de la Unión Europea que aborda el compromiso de fomentar la solidaridad entre los pueblos existentes y también entre las generaciones. Sino que debemos hacerlo siendo un ejemplo de conducta. Considero que el gobierno abierto no va a ser bastante, y sigo en este planteamiento a Alberto Ortiz de Zárate, en su estrategia del caracol, que construye una hoja de ruta hacia el cambio social, a través de la participación y la colaboración, en un movimiento espiral que cada vez abarca más terreno.
En mi opinión, la gestión del conflicto de interés se va a convertir en una de las cuestiones claves de la gestión pública, por lo que es necesario que entre en la agenda de los gobernantes, sobre todo en un país como España, en el que los españoles, de acuerdo con el índice de percepción de la Corrupción que publica la Organización para la transparencia Internacional, perciben un incremento de la corrupción en el sector público del país.
Partiendo de esta situación, plantearía un proceso participativo, que se alinearía con el IV Plan de Gobierno Abierto de España, que pivota en torno a los principios de Transparencia, Rendición de Cuentas, Participación e Integridad Pública, deseando incidir sobre todo en este último, con un contenido orientado tanto a la educación de la población y de los gobernantes, como a la participación, de manera que se consiguiera, tras sucesivas repeticiones de los procesos de participación, un movimiento de cambio social. De esta manera, si los gobernantes son un reflejo de la sociedad que los elige, una sociedad con unos niveles superiores de ética compartida, ofrecería unos gobernantes con un comportamiento más ejemplar.
En ese contexto, la actuación administrativa que deseo apoyar y repensar de manera colaborativa es la prevención en materia de fraude, corrupción y conflicto de interés, de la mano de la planificación antifraude obligatoria en la gestión de fondos europeos de acuerdo con lo previsto en el artículo 6 de la Orden 1030/2021.
Los actores serían múltiples. No me gusta señalarlos como en grupos enfrentados, aunque unos sean los promotores de la participación y el resto los participantes, porque todos tienen el mismo objetivo, que es delimitar los contornos del conflicto de interés, como elemento estratégico para mejorar la gestión de nuestra entidad. Determinar las situaciones que deben ser comunicadas, para conocimiento del órgano competente, pero que no llegan a ser ni siquiera conflictos de interés aparentes, de las que deben ser investigadas, delimitando los contornos del conflicto de interés real.
Se propondría la participación tanto individual como colectiva, mapeando a las asociaciones de la entidad local, de modo que pudieran no solo votar, sino también plantear cuestiones que podrían valorarse como potenciales conflictos de interés. Seria interesante estratificar los votos por edad, haciendo un mínimo de cuatro grupos: aquellos por debajo de la edad legal de voto, el tramo desde los 18 a los 25 o 26 años, como jóvenes muy probablemente fuera del mercado laboral, y con una visión quizá distinta a la del siguiente tramo, que serían los comprendidos entre los 27 y los 40, por ser un grupo que aún puede estar madurando y aprendiendo...a partir de los 40, en materia de ética, lo que no se haya interiorizado como conducta, no se si se va a poder modificar. No quiero abrir un grupo de voto de personas fuera del mercado laboral, aunque podrían tener unos valores sustancialmente distintos a los del resto, porque pueden no ser un grupo que use mayoritariamente las redes, por lo que no serían significativamente importante, y también por eliminar valoraciones estigmatizadoras.
Teniendo como interés por ello la movilización completa de la sociedad, propondría la consulta en el nivel provincial, aunque solicitaría también información de lugar de residencia (solo menos de 1000, entre 1001 y 5000, de 5001 a 50000, y a partir de esa cifra) de manera que se pueda hacer también un estudio de las respuestas de acuerdo con la variable territorial.
El proceso participativo sería sencillo: mensualmente se propondría una situación como pregunta sencilla y directa. Por ejemplo: ¿Consideras que si la mujer de un cargo electo va de vacaciones/fue compañera de universidad de una licitadora municipal, existe un conflicto de interés que debe ser investigado cuando ese licitador se presente a un proceso?. La respuesta debería ser también igual de sencilla con alternativas simples: bien si, o no. Los resultados en un mes, y junto con ellos también un esquema de la investigación que se propone.
Se irían guardando las respuestas en la página, como una suerte de archivo del conflicto de interés, y los resultados de las votaciones, siendo posible la explotación de los datos por los intervinientes.
Una vez generado el interés por las votaciones se podrían ir incorporando mejoras:
1) Resoluciones del órgano de la IGAE que va a apoyar las valoraciones de MINERVA en relación con la investigación de las banderas rojas y negras.
2) Ofrecer la posibilidad de consultar las dudas, facilitando que se puedan plantear situaciones que se crean que pueden ser constitutivas de conflicto de interés.
Lo considero un reto interesante, por su capacidad generadora de cambio, a través de la participación, siempre que se pueda generar el suficiente interés.
Gracias a #GobiernoAbierto por la oportunidad de planificarlo.
